Santo Domingo.- Una madre cuyo hijo tiene una condición de autismo pidió al juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenar al Ministerio Público gestionar ante SeNaSa un informe sobre los servicios médicos facturados a nombre del joven, ante la sospecha de que su seguro fue utilizado por terceros de manera irregular.
La solicitud fue presentada por Niurka Elvira Paulino Rodríguez, a través de sus abogados, con el objetivo de identificar los centros de salud y farmacias que habrían reportado procedimientos que su hijo, Andrés de Jesús Rodríguez Paulino, nunca recibió. El juez Deiby Timoteo Peguero conocerá este jueves la petición.
Según explicó la madre en una instancia depositada el 29 de octubre de 2026, su hijo estaba afiliado a SeNaSa en el régimen contributivo y recibía terapias en el Centro Psicológico Familiar Bonao. Sin embargo, luego de interrumpir las visitas durante varios meses, intentó retomar las atenciones y descubrió que su cobertura aparecía agotada.
La querellante afirma que el sistema continuaba registrando terapias semanales y otros procedimientos a nombre del joven, pese a que ya no asistía al establecimiento. Esta situación le habría impedido utilizar el seguro en otros centros médicos.
PIDE INTERVENCIÓN JUDICIAL
Los abogados José Amado Javier Bidó y Vicente Martín Rubiera indicaron que desde el 22 de mayo de 2026 solicitaron al Ministerio Público requerir a SeNaSa el historial de servicios facturados al afiliado, pero aseguran que no obtuvieron respuesta.
Por ello, acudieron al tribunal para que ordene realizar las diligencias necesarias y obtener los registros que permitan establecer qué establecimientos y farmacias habrían recibido pagos por servicios atribuidos al joven.
QUERELLANTE EN EL CASO SENASA
Paulino Rodríguez también figura como querellante y actor civil en el proceso por el presunto entramado de corrupción en SeNaSa. En ese expediente presentó una acción contra diez personas, incluido el exdirector ejecutivo de la institución, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy.
La querella señala presuntas irregularidades vinculadas con la facturación de servicios médicos no realizados, falsificación de documentos, estafa y asociación de malhechores.
Como parte de su reclamación civil, la madre estimó provisionalmente en RD$50 millones los daños económicos, morales y emocionales que asegura haber sufrido junto a su hijo.
Con la documentación solicitada busca determinar si el uso irregular de la cobertura médica de su hijo guarda relación con las maniobras fraudulentas investigadas por las autoridades.
Aclara quién conocerá la peticiónReduce repeticiones sobre el seguroSepara mejor los antecedentes del caso

