La organización presentó los resultados de una encuesta nacional que revela que el 74.6 % de las personas consultadas, sufrió vulneraciones de sus derechos humanos en los últimos cuatro años.
Santo Domingo, R.D. La organización TRANSSA (Trans Siempre Amigas), hizo un llamado a las instituciones del Estado dominicano para que asuman compromisos concretos, verificables y sostenibles que garanticen a las personas LGBTI+ el acceso oportuno, digno, equitativo y libre de discriminación, a los servicios de salud, justicia, educación, empleo y protección social.
La exigencia fue planteada tras la realización del Foro Nacional “Acceso oportuno a servicios básicos de las personas LGBTI+ en la República Dominicana”, un espacio de diálogo y articulación que reunió a representantes de instituciones públicas, organismos de cooperación internacional, entidades multilaterales y organizaciones de la sociedad civil.
Durante el encuentro, TRANSSA presentó los resultados de la Encuesta sobre Derechos Humanos de las Personas LGBTI+ 2025, realizada con una muestra no probabilística de 537 personas, cuyos hallazgos evidenciaron la persistencia de importantes barreras para el ejercicio pleno de los derechos de esta población.
De acuerdo con los resultados, el 74.6 % de las personas encuestadas manifestó haber experimentado vulneraciones de sus derechos humanos durante los cuatro años anteriores. Asimismo, se identificaron experiencias de discriminación en ámbitos fundamentales como educación (63.6 %), salud (54.8 %), justicia (54.5 %) y empleo (49.2 %).
Al respecto, Cristian King, directore ejecutive de TRANSSA, señaló que estos resultados reflejan la necesidad urgente de pasar del reconocimiento de las problemáticas a la implementación de respuestas institucionales efectivas.
“Los resultados de esta encuesta reflejan que muchas personas LGBTI+ continúan enfrentando barreras para ejercer derechos fundamentales. No basta con reconocer estas situaciones; necesitamos que las instituciones públicas adopten medidas concretas para prevenir la discriminación, garantizar una atención digna y asegurar que ninguna persona sea excluida de los servicios básicos por su orientación sexual, identidad o expresión de género”, expresó King.
Amplia participación institucional y de la sociedad civil
El foro contó con la participación de Olaya Dotel Caraballo, viceministra de Cooperación Internacional del Ministerio de la Presidencia; Ana Álvarez, responsable de proyectos de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); Manuel Meccariello, coordinador general del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV); y Cristian King, directore ejecutive de TRANSSA.
También estuvieron representadas instituciones clave del Estado dominicano, entre ellas el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación (MINERD), Servicio Nacional de Salud (SNS), Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), Poder Judicial, Oficina Nacional de Defensa Pública y la institución del Defensor del Pueblo.
En el ámbito internacional participaron representantes de la AECID y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), mientras que la sociedad civil estuvo representada por organizaciones comunitarias, redes LGBTI+ y entidades defensoras de derechos humanos, entre ellas Amigos Siempre Amigos (ASA); Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), Red Voluntarios Amigos Siempre Amigos (REVASA); Comunidad de Lesbianas Inclusivas Dominicanas (COLESDOM) y otras organizaciones aliadas.
A través de paneles temáticos y cuatro mesas de trabajo, las personas participantes analizaron las principales dificultades que enfrenta la población LGBTI+ para acceder a servicios esenciales y formularon propuestas dirigidas a fortalecer las políticas públicas, los mecanismos de protección y la calidad de la atención institucional.
TRANSSA demanda un plan de acción con responsables y plazos definidos
Como resultado del proceso de diálogo, TRANSSA insistió en que las recomendaciones surgidas del foro deben traducirse en un plan de acción interinstitucional, que establezca medidas prioritarias, instituciones responsables, plazos de ejecución, indicadores de cumplimiento y mecanismos públicos de seguimiento y rendición de cuentas.
La organización también destacó que las personas LGBTI+ y sus organizaciones representativas deben participar activamente en todas las etapas de este proceso, desde la formulación de las medidas hasta su implementación y evaluación, a fin de garantizar que las decisiones institucionales respondan a las realidades y necesidades de las comunidades.
Como parte de los compromisos de seguimiento, TRANSSA anunció que sistematizará las propuestas y conclusiones del encuentro en un documento de recomendaciones que servirá como herramienta para impulsar el diálogo con las instituciones competentes y promover acciones concretas.
Un esfuerzo conjunto por la igualdad y los derechos humanos
El Foro Nacional fue organizado por TRANSSA – Trans Siempre Amigas, con la colaboración del Observatorio de Derechos Humanos para Grupos Vulnerabilizados (ODHGV), el Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (ODHPT), el Observatorio Regional Sin Violencia LGBTI+, el Centro de Orientación e Investigación Integral (COIN), Astraea Lesbian Foundation for Justice y otras organizaciones aliadas.
La iniciativa se desarrolló en el marco del proyecto «Acceso oportuno a servicios básicos de las personas LGBTI+, con énfasis en grupos de mayores condiciones de vulnerabilidades, garantías y exigibilidad en el cumplimiento de los derechos humanos», ejecutado por TRANSSA.
La organización reiteró que garantizar los derechos de las personas LGBTI+ no debe limitarse a declaraciones de voluntad, sino traducirse en políticas públicas, servicios accesibles, mecanismos efectivos de protección y acciones institucionales que aseguren la igualdad y la dignidad de todas las personas, sin discriminación.
PIES DE FOTOS
-Cristian King, directore ejecutive de TRANSSA, (Trans Siempre Amigas)
– Juan Alberto Francisco Institución, asistente Legal del Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (ODHPT)
– Ana Álvarez Rodríguez, responsable de Proyectos de Justicia y Seguridad Pública de la Oficina de Cooperación Española (OCE), de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en República Dominicana; Andrea Sánchez, encargada del Departamento de Asistencia Legal Gratuita a Grupos Vulnerables, de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), República Dominicana y Juan Alberto Francisco, asistente Legal del Observatorio de Derechos Humanos de Personas Trans (ODHPT).

